Diputados promueven respeto a derechos humanos de servidores públicos
25 de febrero de 2016
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para promover el respeto a los derechos humanos en la administración pública federal.
Con 384 votos a favor y una abstención los legisladores avalaron el dictamen del decreto correspondiente en el que se sustituye el concepto de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, por el de violaciones a los derechos humanos.
En las obligaciones de los servidores públicos se incluye observar buena conducta en el empleo con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a las personas con las que tenga relación.
También promover un trato digno, de respeto y no discriminación hacia las personas con las que se relacione con motivo laboral y abstenerse de autorizar a sus subordinados a no asistir sin causa justificada o en su caso, no otorgar indebidamente licencias de maternidad o paternidad.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, Rogerio Castro, explicó que la minuta reforma la fracción III del Artículo 7 y las fracciones V, VI y X del 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Subrayó que el propósito es contrarrestar las prácticas discriminatorias que persisten en el país, dentro del ámbito laboral, en razón de la orientación sexual e identidad de género, y en el caso particular de la administración pública.
“Sabemos que existe un amplio marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación y el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por mencionar principalmente nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, abundó.
También la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Castro Vázquez mencionó que la administración pública sigue siendo masculinizada y en cuanto a violencia laboral 20 por ciento de las mujeres en ocupación, lo que representa que 3.8 millones declararon haber sufrido algún tipo de incidente.
Enfatizó que el grupo de edad de 35 a 44 años registra la mayor proporción de ese tipo de agresión.
Hizo notar que la violencia en el ámbito laboral se da en dos sentidos. La discriminación y el acoso, siendo la discriminación la más alta.
El legislador externó que con esa reforma se busca hacer congruente y armónica la normatividad respecto a los derechos humanos y garantizar la no discriminación en el ámbito público en materia laboral mediante la relación que se da entre los propios servidores públicos.
Por ello, insistió, a través de dichas adecuaciones y precisiones en la legislación se da certeza de lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
La propuesta, aseguró, contribuye a contrarrestar los problemas identificados por las diversas instituciones como el INEGI, Conapred e Inmujeres.
Además con ese dictamen se contribuye a un fortalecimiento en el trato igualitario entre hombres y mujeres, en concordancia con su definición en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres.
En ese orden de ideas, acotó, el otorgamiento de licencias de maternidad forma parte de un derecho laboral, mismo que se encuentra regulado en el artículo 123 de la Constitución.
Aseguró que esa minuta es muy importante porque va a apoyar a que los funcionarios no discriminen a las mujeres que piden licencias de maternidad, y también para garantizar que los funcionarios cumplan con el concepto de igualdad.
